Por: Redacción

Los estados, al ceder aproximadamente el 25% del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por los próximos 20 años, podrían tener una disminución en sus recursos de 9,500 millones de pesos.

Como se mencionó en el Tercer Informe de Gobierno, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (1.5% del presupuesto a educación 2016)  serán utilizados para la colocación de certificados en los mercados financieros, y así tener el capital para proyectos de infraestructura educativa.

Éstos proyectos se llevarán a cabo entre 2016 y 2018, lo cual beneficiaría a la generación actual de alumnos pero perjudicaría a generaciones futuras, ya que serían ellos quienes pagarían la tasa de interés de dichos certificados entre 2019 y 2036. Se requiere de una tasa de interés real de 0% para que el adelanto de recursos a través de un certificado de infraestructura educativa no afecte la inversión futura.

En México, 11.5% de los planteles educativos de educación básica no tienen baños, 47.1% no cuentan con drenaje y 25.7% están construidos con materiales precarios. Para solucionar estos problemas, el Gobierno Federal emitirá certificados de infraestructura educativa, dejando como garantía de pago los recursos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Esta estrategia permitiría al gobierno federal colocar el certificado de infraestructura a una tasa de interés relativamente baja, pues el FAM, por ley, debe tener un presupuesto anual equivalente al 0.814% de la recaudación federal participable.

Sin embargo, a junio de 2015 -a nivel nacional- los estados que contrataron deuda dejando como garantía las participaciones pactaron, en promedio, una tasa de interés real del 2.7%. A junio de 2015, las tasas de interés real fluctuaron entre 1.2% y 5.6%. Considerando esto, los investigadores del CIEP, Fiorentina García Miramón y Kristobal Meléndez Aguilar, proyectaron escenarios optimistas, moderados y pesimistas, donde los estados pagarían una tasa de interés del 0%, 2% y 5% por los créditos de infraestructura educativa.

Si se coloca el certificado con una tasa de interés real del 2%, los estados dejarían de percibir 9,500 millones de pesos en un periodo de 20 años. Si se coloca el certificado con una tasa de interés real del 5%, las entidades federativas estarían perdiendo 23,750 millones de pesos por infraestructura educativa al término de 20 años. Manteniendo la distribución actual del FAM y bajo el escenario moderado (tasa de interés del 2.0% real), hay entidades como Chiapas -que tiene una de las infraestructuras educativa más precarias- que saldría muy perjudicada a futuro en términos de su inversión.

Actualmente, la fórmula en la cual se basa la distribución del FAM no considera las condiciones de infraestructura que tiene cada estado. Si se quiere implementar un nuevo mecanismo para obtener recursos (en este caso los certificados de infraestructura), la fórmula del FAM debe considerar variables que midan el objetivo que se quiere alcanzar: mejorar la infraestructura educativa en los estados, y no variables como migración, cobertura o marginación.

Si este fondo no se distribuye conforme a las necesidades que cada entidad tiene, se podrían quitar más recursos a aquéllas que más los necesitan.