Por: Cristhian Chavero López

A los seres humanos, a los mexicanos, se nos dificulta asumir la consecuencia de nuestros actos. Miles de varones se quejan de tener que dar la pensión que les imponen los jueces para mantener a sus hijos; nos pesan las multas por infracciones reales; no queremos encarar que a veces somos irresponsables como individuos y como sociedad, incluso hay quién, se indigna por el reclamo de la impuntualidad, por la constante petición de un niño por la atención que requiere.

Ejemplos de estos hay en todos los niveles, pero el del presidente, electo por la minoría que compró los comicios de 2012, Enrique Peña Nieto, nos da oportunidad de ejemplificar esa actitud tan adolescente de negar la realidad evidente.

El pasado martes, un 3 de febrero de 2015, en la residencia del poder ejecutivo, mejor conocida como Los Pinos, se citó a varios medios masivos de información sin explicarles para qué. Ahí Enrique, explicó que la secretaría encargada de fiscalizar a las demás instituciones federales, la de la Función Pública, estará presidida por Virgilio Andrade Martínez.

El recién nombrado funcionario es hijo de uno de los varios abogados que defendió a Carlos Romero Deschamps, el similar de Elba Esther Gordillo, pero de los Petroleros; además Virgilio Andrade es abogado por el ITAM, ahí conoció al actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Luego de pasar dos años sin tener director, desde que entró el gobierno de Peña, la Secretaría de la Función Pública estrena un nuevo director, su misión es averiguar si su jefe directo (Peña Nieto) y su compañero de gabinete y amigo (ya declaró que sí son amigos él y Videgaray) fueron corruptos al beneficiarse de compras de inmuebles.

Efectivamente es prerrogativa del presidente elegir a sus secretarios, pero ¿Por qué prescindir del puesto y el sueldazo? ¿Por qué elegir a un amigo del imputado si lo que se desea es eliminar las dudas? ¿Por qué correr el riesgo de la censura de la prensa internacional, de las redes sociales electrónicas, de los organismos internacionales?

No me puedo poner en los zapatos de Peña con facilidad, pero tal vez sí en los de alguno de sus asesores y lo único que se me ocurre para elegir alguien que no me promete legitimidad es que la mejor elección fue no correr el riesgo de que esa persona, ese nuevo secretario de la función pública, se engrandezca señalando a cualquiera de los negociantes que ostentan los altos cargos públicos del gobierno federal de la república mexicana.

Es decir que a Enrique le aconsejaron asegurarse de no perder. Es un acto que no transparenta, que no ayuda a creerle al devaluado gobierno, porque esto es un control de daños. Porque los nexos entre jefe del ejecutivo y la constructora Higa son tan cínicos como cuando Felipe Calderón resultó cuñado del que contó los votos electrónicos en 2006.

La anécdota de ese nombramiento del 3 de febrero será que al terminar un discurso dijo, aún cerca de los micrófonos de su pódium “ya sé que no aplauden”. Pobre hombre, no se acostumbra a no tener un séquito de lambiscones que le aplauden cada gesto, cada sonrisa y todos los “muchas gracias”.

La prensa, los reporteros, por lo regular no aplauden, están grabando, tomando nota o fotografías, están para consignar los hechos de quien genera la nota, estarán para retratar a los aplaudidores si esa es la noticia, pero no para aplaudir.

El señor, abogado, originario de Atlacomulco Estado de México, de 47 años, Enrique, no sabe todavía cómo hacerse responsable de las faltas a la ley que ha cometido, piensa que no es necesario, pone el ejemplo ante sus gobernados de no encarar a la justicia y asumir las consecuencias de su enriquecimiento, de sus casas “donadas”, compradas con todas las facilidades que los mexicanos no gozan.

Algún lector muy abuzado y simpatizante del estatus quo dirá que cualquier estadista renunciaría a la legitimidad con tal de mantener el orden, porque si algún juez lo investigara habría desestabilización en el país. Yo reviro ¿Cuál estabilidad? ¿Cuál orden? ¿Cuál estado de derecho? si quien debiera ser el mejor ciudadano es capaz de escoger a su juez, su abogado y tiene la potestad de quitarlos del puesto en cualquier momento, subirles el sueldo o de regalarles una casa de la constructora Higa. Este país es un hervidero de delincuentes, no podemos esperar justicia, es una mofa de república.

Regresando a ti lector. ¿Te harás responsable de tus actos? ¿Cómo una persona adulta? Porque el máximo circuito de servidores públicos en este país no lo hace, esos no son adultos responsables, son adolescentes mentiros, tramposos y gandallas; de los que lloran cuando les dicen la verdad a la cara o no les aplauden.